Un nuevo escándalo de corrupción del gobierno federal sale a la luz, y es que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no encontró las comprobaciones sobre el gasto de más de 338 millones de pesos destinados a la remodelación del hangar presidencial y el inicio de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Derivado de las auditorias a la Cuenta Pública de 2015, el órgano de control detectó que en la realización de las obras hubo contratos de adjudicación directa, pagos indebidos al personal e improcedentes en ajustes de costos, supervisiones sin realizar e incongruencias entre costos y trabajos ejecutados.
En el caso del hangar presidencial, la auditoría determinó que hay posibles daños al erario por 139.3 millones de pesos. En este punto cabe hacer un paréntesis, pues también en días pasados se dio a conocer que las remodelaciones resultaban demasiado lujosas, lo cual es vergonzoso en este país que está convulsionado económicamente y cuyos ciudadanos pagamos los grandes costos con aumentos a la gasolina y el alza de alimentos y productos de primera necesidad a consecuencia de este “gasolinazo”, y todavía el presidente Peña Nieto sale a preguntar “¿qué harían ustedes?”.
Sobre la nueva terminal aérea, la ASF calculó un posible daño al erario por 143.5 millones de pesos y, además, pidió aclarar otros 85.3 millones destinados a pagos de nómina.
«En términos generales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia», señala el dictamen de auditoría.
Asimismo, señala que los contratos de obra pública y de servicios se adjudicaron directamente a empresas con proyectos caros y mal integrados, lo que imposibilitó el cumplimiento de objetivos, además de que generaron un sobrecosto de 141 millones de pesos.
En cuanto a las primeras labores de la nueva terminal aérea, se señala que se cumplieron con las disposiciones legales y normativas, existe una falta de comprobación de 85.3 millones de pesos en pagos de nómina.
Además, hubo dos contratos de servicios ambientales que consideraron los mismos objetivos y metas por un monto de 1.4 millones.
Se detectó que por ajuste de costos se dio un pago improcedente por 41.7 millones de pesos y detectó la incorrecta integración de precios unitarios, al existir duplicidades (2 por ciento de materiales y 5 por ciento de equipo), por 49.1 millones de pesos.
También pagaron servicios no ejecutados por un monto de 39 millones, pagos improcedentes de estudios e investigaciones en los costos indirectos por 8.8 millones de pesos.
No se acreditaron actividades de supervisión externa por un monto de 372 mil pesos, y se determinó incorrecta la integración de precios unitarios extraordinarios por un monto de 3.4 millones.
Asimismo, hubo pagos en exceso por duplicidad de conceptos, como pozos, demolición y retiro de escombro, por un monto de 1.3 millones.
Ahora la Federación deberá comprobar cada peso, explicar al descontento pueblo mexicano, pero también el Estado de México deberá dar explicaciones sobre a donde fueron a parar 3 mil 600 millones de pesos que estaban destinados, entre otras partidas, a sanear sus deudas, a la construcción de obras que no fueron entregadas, y a llevar a cabo programas de apoyo a población pobre que no demostró que cumpliera, de acuerdo a los datos dados a conocer por la Auditoria Superior de la Federación.
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