Lavadero Político

En graves y serios problemas está metido el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ), por incumplimiento a la certificación de integrantes de las instituciones de seguridad pública de la entidad, y lo peor de ello es que esta disposición mandata a las Legislaturas de los Estados a destinar los recursos necesarios para garantizar su total operatividad en un plazo de ocho años contados a partir de entonces, teniendo el 18 de junio de 2016 como fecha límite,

Ahora el problema es que no se sabe dónde fuero a para los mil 537 millones de pesos presupuestados desde el año 201 debieron haberse destinado para la capacitación a policías estatales, municipales y custodios, para la aplicación en el nuevo sistema de justicia en la entidad, esto conlleva que al no haberse instalado ese esquema para efectos jurídicos, las resoluciones que se tomaron en los procesos ahora corren el riesgo de resultar ilegales y con resultados graves de violaciones a los derechos humanos, contra procesados con detenciones arbitrarias.

Lo anterior quedo al descubierto al dar respuesta a una solicitud de información planteada por José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense para la Defensa de una Vivienda Digna AC; señaló María del Carmen Peralta Guzmán, titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación del IMSJ, indicó que la institución fue creada el 18 de octubre de 2011.

Desde esa fecha hasta hoy, según el oficio 202N10002/UIPPEIMSJ/030/05/17 de 15 de mayo de 2017 admite: “El Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia no ha certificado a integrante alguno de las instituciones de seguridad pública de la entidad”.

José Humbertus Pérez Espinoza, titular del Frente Mexiquense para la Defensa de una Vivienda Digna A.C., señaló que, por esta razón, ha solicitado al Instituto de Transparencia de la entidad (Infoem) requiera a José Manzur, secretario general de Gobierno; Damián Canales y Eduardo Valiente, responsables de la Comisión Estatal de Seguridad (CES); y al fiscal Alejandro Gómez, en su calidad de presidente y vocales de la Junta de Gobierno del IMSJ respectivamente, detalles sobre el destino de los recursos.

Agregó que estos funcionarios son los responsables de aplicación correcta o, en su defecto, de las anomalías en el manejo de los recursos públicos asignados a la institución.

Para el activista, la respuesta del IMSJ acredita que durante el presente sexenio no se instaló el sistema de justicia penal acusatorio, oral y adversarial, por lo que incumplió con al artículo Octavo Transitorio de la Reforma Constitucional en materia de Seguridad y Justicia Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 18 de junio de 2008.

Advirtió Pérez Espinoza, que el nuevo sistema de justicia no se instaló ni consolidó, “teniendo como resultado graves violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias para simular que las conductas delictivas se realizaron en flagrancia la fabricación de carpetas por falsos delitos, lo más delicado es que se incrementaron los casos de tortura”.

Por último se dio a conocer la asignación presupuestaria que debió manejarse, Conforme a los Presupuestos de Egresos del Estado de México de cada año, en  2012 se asignaron al Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia 164 millones 980 mil 673  pesos; en 2013 su recurso fue de 170 millones 049 mil 209, para 2014 le fueron destinados 177 millones 103 mil 059, durante 2015 le canalizaron 330 millones 051 mil 930, en 2016 le transfirieron 338 millones 221 mil 377 y para este año le fueron presupuestados 356 millones 627 mil 301 pesos. ¿Alguien en el gobierno estatal sabrá en dónde están dichos recursos?