Recientemente en el Estado de México ocurrieron dos sucesos ligados, que de nueva cuenta mostraron la fragilidad de los penales estatales.
El más reciente de los hechos se suscitó en el penal estatal Sergio García Ramírez, popularmente conocido como Chiconautla, donde los presos se amotinaron con el propósito de agredir a uno de los reclusos, Luis “N”, alias “El Tatos”, quien había sido trasladado del reclusorio Neza-Bordo y es señalado por torturar a sus compañeros para extorsionarlos.
De este amotinamiento resultaron heridos dos reclusos y un custodio, por lo que tuvieron que intervenir más de 600 elementos de la Secretaría de Seguridad estatal para controlar la situación.
“Se presenta el incidente porque [el domingo] trasladamos a nueve personas privadas de la libertad a otros penales del Estado de México, éstas tenían cierta afinidad con El Tatos, al enterarse la población que éste estaba vulnerable tratan de agredirlo y se presenta una riña, no habiéndolo logrado, fue el deseo de cobrar venganza”, explicó Luis Arias González, director general de Prevención y Reinserción Social del gobierno mexiquense.
“Desde que llegó El Tatos a este penal se incrementó la violencia en el interior porque ese sujeto ya había hecho otras cosas iguales en Neza, por eso exigimos a las autoridades que reubiquen a ese tipo a otro lugar porque sólo vino a causar problemas”, denunció una de los familiares de los reos.
También los familiares indicaron que los problemas en el interior del centro de cuando El Tatos y sus cómplices les exigieron 500 pesos a los demás presos para que no les hicieran daño.
El otro hecho, que derivó en el traslado de El Tatos, tuvo que ver con la destitución de José Duarte Franco como director del penal Neza Bordo, luego que se difundieran en redes sociales imágenes de agresiones y extorsiones de un grupo de presos a otro.
En los videos se pueden ver actos de extorsión, golpes y tortura captados en una celda dentro del penal de Neza Bordo. Las imágenes muestran los golpes a que es sometido un joven interno, que fue torturado con un palo, puñetazos y patadas, para que cumpla con un pago que presuntamente adeuda a un grupo de reos, a los que suplica lo dejen de golpear.
Cabe señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobó la operación de 10 cárceles ubicadas en municipios de cuatro estados del país, ninguna del Estado de México.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 indica que esos penales no garantizan la integridad de mujeres y hombres; una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; la reinserción; o no cuentan con instalaciones con requerimientos específicos.
La peor cárcel del país es la municipal de San Blas, Nayarit; le siguen las prisiones de Rosamorada y Acaponeta, también en ese estado; las cárceles distritales de Tizayuca y de Zacualtipán, Hidalgo; el Reclusorio Preventivo Municipal de Cihuatlán, Jalisco; la distrital de Zimapán y de Atotonilco El Grande, ambas en Hidalgo; la cárcel municipal de Tuxpan, Nayarit, y la cárcel distrital de Bochil, Chiapas.
Nueve de ellas presentan problemas de hacinamiento, destacando las cárceles distritales de Zacualtipán, con 263% de sobrepoblación; y la de Tizayuca, ambas en Hidalgo, donde se presenta una sobrepoblación de 208%. Además, carecen de separación entre hombres y mujeres.
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