Artículo.- En Edomex Los funcionarios deben pensar seriamente en no desobedecer las resoluciones de jueces

*A quienes gobernaban Coacalco les cayó de sorpresa su destitución ordenada por la SCJN

*¿Con la decisión legal acabarán los despidos injustificados que cotidianamente se presentan?

Políticos que gobernaban Coacalco se llevaron la sorpresa de su vida al conocer vía medios de comunicación, la decisión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de ordenar la destitución y consignación a un juez, de 26 funcionarios municipales, entre ellos el alcalde Edwin Castelán.

El problema surgió tras el despido injustificado de un empleado, a quien se le debieron entregar de indemnización cuatro millones 120 mil 837 pesos, sentencia del juez del Cuarto Distrito en materia laboral del Estado de México. Empero nuca de acató la sentencia, dando origen a que el afectado y su abogado continuarán el seguimiento por la vía jurídica, llegando a la SCJN, donde la primera en conocer y tratar el asunto fue la ministra Norma Piña.

El incidente de ejecución 1882/2013, dio pauta a la sentencia dictada el 3 de abril de 2013, por lo que se ordenaba pagar al quejoso por indemnización mencionada cantidad. El argumento de las otrora autoridades municipales de Coacalco para no pagar la indemnización fue la falta de recursos económicos, toda vez que el presupuesto anual apenas es de 399 millones de pesos.

Los 26 funcionarios no solo fueron destituidos, sino serán consignados por un juez de la causa, por lo que en breve estarán recluidos en algún Centro de Readaptación Social Mexiquense, al igual que otros 24 ex funcionarios municipales, que gobernaban en el pasado trienio, incluido el ex alcalde priísta David Sánchez Isidoro, actual diputado federal, por lo que se analiza si le es válido el fuero constitucional o habrá que esperar hasta que concluya su periodo como legislador.

Este caso es inédito en el Estado de México, donde los despidos injustificados están a la orden del día, donde sintiéndose impunes, la clase gobernante juega con los sentimientos y con la necesidad de hombres y mujeres que prestan sus servicios para ganar unas monedas con las cuales puedan sostener sus hogares y sobrevivir en lo personal.

Sin embargo, los hoy ciudadanos que no se dejan sobajar y optan por defenderse por la vía legal contratando a abogados laboristas muy efectivos y honrados, como el que llevó el caso del despedido injustificadamente, a quien seguramente le cerraron la puerta para llegar a un arreglo con la parte patronal, sabiéndose, insistimos, impunes.

Que tristeza y pena que los casos de despido injustificado lleguen hasta la SCJN, lo que denota que a las autoridades laborales mexiquenses no les interesa aplicar la ley, sobre todo tratándose de un nivel de gobierno, cuando la ley está por encima de la figura gubernamental. Por eso, lo sucedido recientemente debe ser un claro ejemplo ¡de que o se respeta la ley, o se atienen a las consecuencias!