La evasión de pagos de laudos por parte de autoridades municipales salientes no los exime de responsabilidades como el caso de abuso de autoridad desacato a los ordenamientos de ley, o por omisión, para atender los laudos laborales, que rebasan los más de siete mil millones de pesos por parte de los gobiernos municipales, en la entidad mexiquense.
Igualmente se estima que existen más de siete mil juicios laborales de los ayuntamientos, lo que corresponde a una mayoría por despidos injustificados, tal como lo sustenta la propia Secretaria del Trabajo del Estado de México, Ignacio Rubí Salazar, titular de dicha dependencia señaló más del 90 por ciento de las solicitudes de amparo que buscan los Ayuntamientos en contra de alguna acción del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, son negados en su mayoría, lo que comprueba la fortaleza de la legalidad de las resoluciones de dicho organismo.
Los presidentes municipales así como los integrantes de los ayuntamientos, de síndicos procuradores y regidores, actuales, pueden ser llamados por la autoridad federal o estatal, para que respondan a su proceder de desacato a la ley, y pueden ser obligados a resarcir los daños de los afectados por laudos, y pagar inclusive de su peculio las cuotas económicas que señale la autoridad, además de multas y hasta cárcel en caso de evasión a la ley, entre otras aplicaciones legales que señale la justicia federal, giradas por la Procuraduría General de la Republica (PGR).
Por su parte Victorino Barrios Dávalos, titular de la Contraloría del Congreso del Estado, advierte que los alcaldes que dejarán sus funciones a partir del 1 de diciembre próximo, podrían verse en problemas de responsabilidad por no atender las demandas por laudos vigentes aun cuando estos hayan correspondido a administraciones anteriores, ello no los exime de esa responsabilidad administrativa, por haber permitido establecer la práctica de despidos injustificados por parte de los ayuntamientos de manera premeditada.
Barrios Dávalos, dijo, “esto es perverso porque a final de cuentas son recursos que el ayuntamiento tiene que cumplir a trabajadores despedidos injustificadamente y son cantidades significativas que dejan de ejercer los ayuntamientos en beneficio de la ciudadanía”.
Cabe mencionar que en la entidad mexiquense existen cerca de siete mil juicios por laudo laboral de ayuntamientos, además de que Ecatepec y Nezahualcóyotl son los municipios con mayor adeudo por este tema.
Al respecto señalan diputados de Morena, que los nuevos Lineamientos que regularán la Entrega-Recepción en los municipios, emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem) podrían afectar gravemente ese proceso y la fase de transición en los 125 ayuntamientos, e incluso dar pie a escenarios de opacidad e irresponsabilidad político-administrativa en la rendición de cuentas de las administraciones salientes.
La diputada de Morena, María Elizabeth Millán advirtió que al revisar los nuevos lineamientos y compararlos con los anteriores del 2015 detectaron que alrededor de 46 artículos fueron eliminados, y no conocen los motivos; por lo cual hicieron un exhorto -que fue aprobado por unanimidad- para que el auditor Fernando Baz ajuste ese documento.
El Grupo Parlamentario de Morena considera que el nuevo texto omite actividades y procedimientos, tiene algunas ambigüedades, imprecisiones, disposiciones que por su redacción podrían ser consideradas laxas y deben ser corregidas.
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