Toluca / Estado de México
Para evitar contradicciones entre disposiciones jurídicas y dar mayor certeza al marco legal en materia de trasparencia y rendición de cuentas, fue aprobada por unanimidad la ley en la materia, por lo que el 30 de abril será la fecha límite para que el gobierno estatal entregué al Poder Legislativo la Cuenta Pública del año inmediato anterior, en tanto que los municipios deberán presentarla durante los primeros 15 días de marzo
La propuesta fue hecha por el diputado Miguel Sámano Peralta coordinador parlamentario del PRI. La diputada Iveth Bernal Casique de la misma bancada dio lectura al dictamen de reforma al artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para armonizarla con lo establecido en el artículo 77 de la Constitución Política estatal, la cual también indica que si el día del vencimiento del plazo establecido, corresponde a un día inhábil, podrá recibirse el día hábil siguiente.
“Con esta reforma se evitarán contradicciones entre disposiciones jurídicas vigentes y se dará mayor certeza al marco legal en materia de transparencia y rendición de cuentas” expresó Miguel Sámano en reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización que previamente avalaron el dictamen.
OSFEM capacitará a municipios en el manejo de Cuentas Públicas
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) deberá brindar capacitación en el manejo de la cuenta pública municipal a quienes ocupen las Sindicaturas, Secretarías de los Ayuntamientos, Tesorerías y dependencias correspondientes, de acuerdo con lo aprobado por unanimidad por la Legislatura estatal.
El diputado Javier González Zepeda (PAN), autor de la iniciativa, dio lectura al dictamen donde destaca que la capacitación será en un plazo no mayor a los 120 días posteriores a la instalación de los Ayuntamientos y obligatoria para las personas servidoras públicas mencionadas.
La reforma al artículo 90 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México busca prevenir y atender cualquier acción que pueda configurarse como un acto de corrupción o de ejercicio abusivo de funciones, por lo que se requiere de servidores públicos responsables, comprometidos y con conocimiento pleno de las actividades que realicen.
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