Ecatepec / Estado de México
El baile que se realizó en la 30-30 y que terminó en un trágico hecho, donde algunas personas fallecieron, nunca debió haberse autorizado, pues el lugar no contaba con las condiciones adecuadas, por lo que las autoridades municipales, incluyendo el alcalde Pablo Bedolla, son responsables de la tragedia, afirmó el diputado local Octavio Martínez Vargas, quien ofreció una conferencia de prensa, junto con los representantes legales del policía Jorge Alejandro Sánchez Carbajal, imputado por los hechos.
Ante los medios de comunicación, denunciaron que las investigaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PJEM) están siendo irregularidades y se están fincando responsabilidades contra el uniformado.
Carlos Mata Martínez, abogado defensor de Sánchez Carbajal, indicó que el presidente municipal y el secretario del ayuntamiento extendieron y firmaron un permiso para un baile masivo en un predio improvisado y sin condiciones de seguridad.
Mientras que la procuraduría les entregó la carpeta de investigación 344610550618314 con un gran número de páginas en blanco y otras totalmente ilegibles, donde les es imposible conocer el expediente integro, destacó.
Además la dependencia tampoco les ha permitido el acceso al video de seguridad, por lo que pedirán al legislador Octavio Martínez Vargas solicite al procurador les entregue completo el video, para que puedan ver exactamente la hora en la que se hicieron los disparos y cómo sucedieron los hechos.
El abogado indicó que en la carpeta de investigación se manifiesta que no había permiso para venta de bebidas alcohólicas al exterior del inmueble, sin embargo se encontraron al menos más de mil botellas de bebidas embriagantes tiradas en todo el predio, esto porque durante el evento no hubo personal de Normatividad del municipio supervisando que la venta de alcohol no existiera.
Aseguró que no sucedió ninguna estampida, como quieren disfrazarlo, fue una mala organización de la empresa Skalona Records que no contempló una salida amplia para los miles de asistentes que acudieron al evento y al final las personas buscaron otro acceso de salida, algunos saltaron la barda y ésta colapso por la misma presión de la gente.
Igualmente aclaró que al revisar el expediente descubrió que la Procuraduría encontró en el sitio tres casquillos percutidos, dos corresponden al arma de cargo de 9 milímetros de su defendido y otro casquillo de arma 38 súper (calibre propio de revolver) se localizó a más de 30 metros de ese lugar, cerca de donde colapso la barda.
También aclaró que en la carpeta encontraron información de que la empresa Skalona Record pagó a los deudos 200 mil pesos por cada una de las víctimas, si la empresa ya pago la reparación del daño por 200 mil pesos, la familia la aceptó y en ese momento otorgó el perdón, por qué la Procuraduría está imputando el hecho de recurso de homicidio.
Por ello exigirán que se inhabiliten a los servidores públicos que otorgaron el permiso para la realización del baile, y a quiénes no se hicieron responsables por la venta de bebidas que se expendieron en el interior del inmueble.
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