- La Legislatura mexiquense avaló la disposición del Senado, aunque reconoció que tiene algunas carencias
Toluca / Estado de México
El Estado de México es la primera entidad del país en aprobar el Sistema Anticorrupción que avaló el Senado hace un par de días, de esta manera la Auditoría Superior de la Federación y al Tribunal Superior de Justicia Administrativa, así como los organismos de control interno en los estados, podrán detectar, monitorear, denunciar y sancionar, incluso penalmente, a cualquier funcionario público que caiga en actos de corrupción.
En el pleno del Congreso mexiquense, las bancadas del PRI y del PAN coincidieron que este el principio para atender el tema de transparencia, además de que pudiera ser un precedente para eliminar el fuero.
Mientras que el PRD, a través de la diputada Xóchitl Arzola, consideró que la minuta es limitada, pues no contempla suprimir la figura del fuero de los representantes populares y altos funcionarios y deja fuera actos de corrupción por personas morales.
“Manifiéstanos total disposición para atender este asunto con la celeridad y urgencia que el tema exige, ya que es indispensable por los escándalos en el ejercicio público sobre viajes de familia, las fortunas injustificadas y las adquisiciones sospechosas de inmuebles contribuyen al hartazgo generalizado de una sociedad que enfrenta graves condiciones económicas y rezagos estructurales”, estableció.
La legisladora mexiquense indicó que esta reforma se aprueba tarde, pues ya se está a la mitad de sexenio, además en el Estado de México se encuentra pendiente de discutir una iniciativa similar presentada por el Ejecutivo.
Por su parte, el líder de la bancada del PAN, Ulises Ramírez Núñez, agregó que con la llegada de nuevas tecnologías, “se han puesto al descubierto muchos de los abusos y excesos que se cometen bajo el respaldo del presupuesto tanto nacional, estatal, y municipal”.
Por ello, agrego, esta importante reforma institucional dará herramientas para fortalecer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a las contralorías que tienen en su encargo la vigilancia del presupuesto de los tres niveles de gobierno.
Sin embargo, reconoció que faltó modificar el artículo 108 constitucional para no crear privilegios, y que desde el Ejecutivo hasta el último funcionario sean sujetos de sanciones por actos de corrupción.
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