Eslava Arvizu no debe considerarse para la Comisión de Seguridad Ciudadana

• El diputado local Octavio Martínez recordó que hay audios que lo vinculan al tráfico del programa de recompensas de la PGR

Ecatepec / Estado de México

El diputado local Octavio Martínez Vargas se inconformó con el posible  nombramiento de Abraham Eslava Arvizu como como nuevo titular de la Comisión de Seguridad Ciudadana (CESC), pues destacó que algunos audios lo vinculan al tráfico del programa de recompensas de la PGR y existen notas periodísticas que lo señalan por corrupción desde 2012, cuando se desempeñaba como funcionario de la PGJEM.

Por ello, sostuvo que el gobernador Eruviel Ávila no debe proponer ni avalar este nombramiento, pues lo que se necesita es un funcionario que garantice credibilidad, confianza y no tenga antecedentes de corrupción.

Es necesario “que el gobernador proponga a otra persona como nuevo titular de la CESC, porque este personaje carece de credibilidad, confianza y antecedentes éticos para conducir a una de las corporaciones más grandes de seguridad del país”, expresó.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura local sentenció que Eslava Arvizu no debe asumir el cargo mientras no se esclarezcan los señalamientos en su contra y resulte absuelto de ellos con pruebas fehacientes y creíbles.

El pasado 17 de marzo un importante medio de comunicación expuso grabaciones telefónicas donde se evidenciaba que las gratificaciones que paga la Procuraduría General de la República (PGR) a cambio de información que ayude a detener criminales, son negociables y repartidas entre personas coludidas con empleados de la dependencia.

En los audios se involucra a Abraham Eslava Arvizu, quien desde la salida de Jesús Murillo Karam de la PGR se desempeñaba como responsable de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada –SEIDO-, cargo del que fue destituido ese mismo mes por la nueva procuradora, Arely Gómez.

En febrero de 2012 además fue señalado por dirigentes obreros y habitantes de Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán y otros municipios del norte de la entidad por incurrir en presuntos actos de corrupción, quienes acusaron que desde su llegada a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), donde estuvo al menos desde 2010, ese fenómeno aumentó.