TOLUCA, Méx.- La Procuraduría del Estado de México dieron a conocer que se investiga por el probable cohecho a la pareja sentimental del ex edil de Naucalpan David Sánchez Guevara, Leticia Yasmín Camacho Muñoz.
El funcionario, Alfredo Gómez precisó también que las auditorías practicadas por el OSFEM a la administración municipal arrojan diversas irregularidades por 60 millones de pesos, indicó que la pareja del detenido fue servidora pública de la administración y accionista de la empresa Promocasting, misma que prestó servicios al Ayuntamiento.
Informó, que como servidora pública y dueña de la empresa, destacó, incurrió en conflicto de interés, dijo que la pareja sentimental además es investigada por los flujos de dinero del expresidente municipal, “para ver si pasó por sus cuentas bancarias” la suma relacionada con el probable peculado.
Expuso, se le inició una investigación por el delito de cohecho que la señora habría cometido con las autoridades del penal de Santiaguito para que le otorgaran mayores consideraciones y más libertad para acceder a la cárcel cuando quisiera entrevistarse con Sánchez Guevara.
También, Camacho Muñoz es señalada como la probable responsable de entregar al exedil un chip y un teléfono celular que le permitieron mantenerse en contacto con sus colaboradores del ayuntamiento para esconder o eliminar evidencias.
Por estos hechos, precisó el abogado de la entidad, hay custodios que ya fueron destituidos –aunque afirmó desconocer el número específico– y ya declararon el jefe de turno y el director del penal.
El procurador mexiquense aseguró, de igual manera, que el OSFEM ha encontrado irregularidades por cerca de 60 millones de pesos a la gestión de Sánchez Guevara, pero no necesariamente todas implican una responsabilidad penal, ya que también puede ser administrativa o sólo sumas que deban ser solventadas.
Admitió que se han encontrado otros casos que pueden caer en responsabilidad penal, relacionados con la adquisición de bienes y servicios, y una inversión en Ficrea, que eventualmente se agregarían a los 400 mil del peculado por un andador que no fue construido, y a los 5 millones de pesos del programa Banqueta Digna que no pudieron ser imputados a causa de la suspensión por un amparo que el ex edil promovió.
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