Este lunes regresan a clases un promedio de casi 4 millones de estudiantes de escuelas públicas de nivel básico del Estado de México, quienes ante la falta de información precisa de las autoridades estatales y en específico de la secretaría de Educación que dirige Alejandro Fernández Campillo sobre el cobro de cuotas, ha generado desinformación y en algunos planteles hasta confrontaciones verbales entre directivos, personal docente y padres de familia.
La frase del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador “la educación no es un privilegio, es un derecho”, durante mucho tiempo no fue tomada en cuenta y ahora en la entidad mexiquense en el periodo de inscripción al ciclo escolar 2019-2020, los tutores quieren hacer valer la gratuidad de la educación plasmada en el Artículo 3° Constitucional y con mucha razón.
El exhorto hecho hace un par de semanas por Diputados de la LX Legislatura Estatal gobernador Alfredo Del Mazo Maza y al secretario de Educación Alejandro Fernández Campillo de utilizar la partida presupuestal aprobada de 111 millones 752 mil 665 pesos -recurso que tuvo un incremento del 5.3 por ciento-, para aplicarse para fortalecer y garantizar la educación gratuita que tanto ha venido reclamando la sociedad mexiquense.
Desde hace un par de ciclos escolares atrás, las autoridades del Estado de México mediante circulares han difundido ante el personal directivo y docente la prohibición del cobro de cuotas como requisito para inscribir, que de no cumplirse se harán acreedores a una recisión; el hecho es que este sector se encuentra ante la falta de recursos económicos, ya que por un lado los padres no contribuyen y por el otro el gobierno no aterriza los recursos destinados para el pago de los diferentes servicios como lo son luz, internet, intendentes, entre otros.
De ahí que los tutores estén criticando que las cuotas escolares se apliquen como condición de ingreso, permanencia, traslado o egreso de los alumnos, pero el gobierno estatal ha hecho caso omiso y no ha informado de manera veraz y oportuna de la aplicación de los recursos destinados para tal fin.
Con esta partida se podría mejorar la infraestructura y los servicios para brindar una educación de excelencia como lo viene promoviendo el gobierno federal y donde la instancia estatal no ha transparentado la asignación de recursos para equipamiento y mantenimiento de planteles; acción con la que se evitaría el cobro de cuotas a los padres de familia.
Tan no está claro la asignación de recursos que a dos años de cumplirse el sismo del 17 de septiembre, muchas de las escuelas afectadas siguen esperando se les asigne el presupuesto para la reparación de los daños sufridos y es ahí donde en algunos lugares se aplicó la “cuota voluntaria” de los padres de familia ante la indiferencia y desinterés por parte de las autoridades competentes.
Cabe hacer mención que el cobro de cuotas en preescolares, primarias y secundarias son violatorias a los derechos humanos de los estudiantes, pero así continuara mientras el gobierno estatal no asuma la responsabilidad que le corresponde y mientras el secretario de Educación Alejandro Fernández Campillo no deje el escritorio para cerciorarse de lo que acontece en los planteles educativos y donde los maestros llaman a un encuentro con dicho funcionario.
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