Los Pobres No Sacan Buenas Calificaciones
El informe anual del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México (INEE) La educación obligatoria en México, 2018, presentado el miércoles 4 de abril por su presidente Eduardo Backhoff ante la Comisión de Educación del senado de la república, resulta repetitivo al manejar temáticas al mismo tenor que en años anteriores.
Se afirma por ejemplo que el fracaso escolar en el país, se debe a la falta de infraestructura y pobreza, sin mencionar en su capítulo 1 como responsables directos y únicos a los docentes, haciendo hincapié ahora en la pobreza, el ingreso económico familiar, la marginación, las condiciones de vulnerabilidad de las subpoblaciones, la discapacidad y formar parte de una minoría étnica, marcan una desventaja en el derecho a la educación, sobre todo en preescolar, primaria y secundaria, como siempre ha ocurrido, señalando en la parte que interesa lo siguiente:
“Existe una profunda desigualdad en el ingreso y el bienestar social que se refleja en los indicadores de pobreza y distribución de la riqueza a nivel nacional y entre las entidades federativas. Hay estados en el sureste del país con una alta presencia de población que vive en condición de pobreza, con un ingreso menor al promedio nacional y con un volumen importante de población indígena y HLI ─población hablante de lengua indígena─, marginada, donde la transición demográfica se ha dado de forma más paulatina y por ende, el número de niños y jóvenes en edad escolar representa una parte importante de su población total.
Por otro lado, en algunos estados del norte del país la proporción de sus habitantes en condición de pobreza es menor y su promedio de ingresos es más alto que el promedio nacional; y, además de que, salvo excepciones como Durango, Sonora y Chihuahua, la presencia de indígenas y HLI es mínima. En el mismo sentido, hay entidades en el centro y el norte del país en donde la proporción de niños en edad para asistir a la educación básica ha disminuido en las últimas décadas, y que seguirán con esa tendencia en los años venideros (ejemplos: Ciudad de México, Nuevo León, Morelos y Baja California Sur).
El reto en estas entidades será asegurar la permanencia de los niños y jóvenes en la escuela para terminar este tipo educativo y garantizar el acceso a la educación media superior. En las entidades que todavía tienen una alta presencia de población en edad de asistir a la educación básica (Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla, por ejemplo) se deberá asegurar el acceso de todos sus niños y jóvenes a los niveles que ésta comprende (preescolar, primaria y secundaria) sin importar el contexto en el que ellos se encuentren.
Los grupos vulnerables están en riesgo de no ejercer plenamente su derecho a una educación de calidad. Los niños y jóvenes en edad escolar que viven en localidades rurales y aisladas, la población indígena y HLI, o los que trabajan o llevan a cabo actividades domésticas que comprometen gran parte de su tiempo son subpoblaciones que requieren políticas educativas dirigidas a contrarrestar los efectos adversos de sus contextos particulares a fin de garantizar que finalicen la educación obligatoria y obtengan los conocimientos mínimos necesarios para seguir su formación académica o insertarse en el mercado laboral.”.
Para insistir en la necesidad de inversión privada en la educación pública, en donde se afirma que la reducción de la matrícula en educación superior es por falta de dinero e incluso la deserción del ciclo escolar 2015-2016 que ascendió a 1.1 millones de estudiantes, responde a la misma causa.
Por las bajas condiciones económicas la población pobre y de bajos ingresos tiene dos grados de escolaridad menos que en resto de la gente; sin embargo los hablantes de lengua indígena son los más rezagados, con cinco grados de diferencia en promedio, requiriendo al menos cuarenta años para que logren una escolaridad equivalente a la educación media superior, la máxima obligatoria en el país.
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